Las 1000 razones

Manuel Cepeda Vargas, padre del precandidato, fue senador del Partido Comunista Colombiano y figura central de la Unión Patriótica hasta 1994.

Manuel Cepeda Vargas dirigió el semanario Voz, la publicación que durante décadas fijó la línea editorial del PCC.

El partido en el que militó la familia Cepeda surgió de los Acuerdos de La Uribe entre el gobierno Betancur y las FARC.

Su socialización política transcurrió en escuelas, círculos y estructuras juveniles vinculadas al PCC y a la UP.

El Movice, plataforma fundada en 2005, fue la rampa institucional del precandidato hacia la política nacional.

Su entrada a la política electoral nacional ocurrió en las listas del Polo Democrático Alternativo, sucesor partidista de la UP.

Cepeda fue figura central en la coalición que ganó la presidencia en 2022 y aspira a heredar ese mismo bloque.

El grupo guerrillero bautizó con el nombre del padre del precandidato una de sus estructuras urbanas, hecho público desde los años noventa.

Desde el PCC hasta el Pacto Histórico, Cepeda ha militado de manera ininterrumpida en la misma familia política durante cuarenta años.

La obra pública del precandidato concentra la denuncia en violaciones cometidas por el Estado y los paramilitares, con menor énfasis en crímenes guerrilleros.

La sentencia Cepeda Vargas vs. Colombia documenta tanto la trayectoria del padre como el contexto político de la UP.

Voz, dirigido por Manuel Cepeda y leído por Iván desde niño, sostuvo durante décadas la línea marxista-leninista del PCC.

La figura de Manuel Cepeda Vargas funciona como soporte simbólico permanente de la carrera política del precandidato.

Antes del Polo, Cepeda militó en el Frente Social y Político, vehículo electoral del PCC tras el exterminio de la UP.

La Fundación Manuel Cepeda Vargas opera como aparato de memoria, archivo y reivindicación de la UP y el PCC.

El precandidato proviene del mismo ecosistema que la CUT histórica, Fecode y el sindicalismo afín al PCC.

Cepeda estudió filosofía y construyó su capital simbólico en discusiones académicas afines a la tradición marxista.

Cepeda salió de Colombia luego del crimen de Manuel Cepeda Vargas y articuló desde el exterior la denuncia internacional del caso.

Iván Cepeda compite por la nominación presidencial con la promesa explícita de continuar las transformaciones iniciadas en 2022.

El precandidato reivindica la trayectoria del PCC y la UP sin emitir críticas explícitas a sus etapas más dogmáticas.

El PCC mantuvo durante décadas relaciones partidarias con Cuba y partidos hermanos del bloque socialista, red que perdura.

En las intervenciones públicas del precandidato, la Unión Patriótica aparece como movimiento civil sin sus raíces en la negociación con las FARC.

El precandidato se presenta como hijo del exterminio político de la UP, una identidad que articula su capital simbólico.

Voz, el periódico que dirigió su padre, sostuvo una línea editorial favorable al régimen cubano durante toda la Guerra Fría.

Cepeda tejió desde el exilio una red de relaciones con organizaciones internacionales de derechos humanos que aún lo respalda.

Marcha Patriótica, plataforma que reivindicó el legado de la UP, opera en el mismo ecosistema en el que se mueve Cepeda.

Los libros y ensayos firmados o coordinados por Cepeda concentran la mirada en violaciones cometidas por agentes estatales y paramilitares.

Cepeda y Petro comparten coalición desde su época en el Polo Democrático Alternativo, y la sociedad política se profundizó en el Pacto Histórico.

La tradición política de la que viene Cepeda concibe la negociación con grupos armados como camino preferente sobre la confrontación.

Desde el Movice y el Congreso, Cepeda fijó posiciones en cada hito del debate colombiano sobre verdad, memoria y reparación.

Documentos y reportajes han discutido el grado de cercanía de Manuel Cepeda Vargas con los espacios de coordinación política de la izquierda armada de la época.

La biografía familiar de Cepeda incluye colaboradores y dirigentes vinculados al semanario Voz y a las publicaciones del PCC.

Los informes del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre la UP y el PCC son referencia central del relato político de Cepeda.

Pese a la crisis humanitaria en Venezuela y a las restricciones políticas en Cuba, Cepeda mantiene un perfil bajo en críticas frontales.

El vocabulario público del precandidato organiza el conflicto colombiano alrededor de clase social, herencia directa del PCC.

Como senador, Cepeda mantuvo presencia frecuente en actos del Partido Comunista Colombiano y de la Unión Patriótica reorganizada.

La cuenta @IvanCepedaCast funciona como amplificador sistemático de la línea política del Pacto Histórico y del gobierno Petro.

El presidente actual proviene del M-19 y el precandidato proviene del PCC y la UP, ambas vertientes confluentes en el Pacto Histórico.

Cepeda emplea la categoría de genocidio político para describir la violencia contra la UP, marco que estructura su narrativa pública.

Llevar a la Casa de Nariño a un hijo del exterminio de la UP funciona como cierre simbólico de la deuda histórica con la izquierda.

Manuel Cepeda Vargas llegó al Senado en 1991 como cabeza visible del Partido Comunista Colombiano dentro de la Unión Patriótica.

Antes de llegar al Senado, Manuel Cepeda Vargas fue director del semanario Voz, vocero histórico del PCC.

La UP, partido de la familia Cepeda, se fundó en 1985 dentro de los acuerdos entre el gobierno Betancur y las FARC.

El senador entró a la militancia a través de la JUCO, la juventud orgánica del Partido Comunista Colombiano.

Antes del Senado, Iván Cepeda construyó su capital político en el MOVICE, una organización con énfasis casi exclusivo en víctimas del Estado.

Iván Cepeda salió de Colombia en los noventa por amenazas y completó parte de su formación en Europa, donde tejió redes con la izquierda internacional.

El árbol político de Iván Cepeda no empieza con su padre: la militancia familiar en la izquierda comunista es de tres generaciones.

La fundación que lleva el nombre del padre asesinado funciona como nodo central de memoria y política para el senador.

En 2010, la Corte IDH responsabilizó al Estado colombiano por el crimen de Manuel Cepeda Vargas, hito biográfico del senador.

El salto a la política electoral se dio por el Polo, partido heredero de la tradición de izquierda no armada.

El senador fue uno de los articuladores del paso de la izquierda tradicional a la coalición que llevó a Petro al poder en 2022.

En discursos y entrevistas, el senador presenta a Manuel Cepeda como militante orgánico del PCC, no únicamente como víctima del Estado.

El senador ha escrito en el semanario Voz, lo que ratifica su vínculo orgánico con la tribuna del PCC.

La memoria del exterminio de la Unión Patriótica es uno de los ejes con los que el senador explica su lugar en la política colombiana.

El senador llega a la candidatura con vínculos sostenidos con partidos y gobiernos de izquierda en América Latina y Europa.

En entrevistas y redes sociales, el senador ha defendido el legado de la Revolución Cubana y criticado el bloqueo de Estados Unidos.

El senador ha defendido al gobierno de Caracas incluso después de las elecciones presidenciales venezolanas cuestionadas internacionalmente.

El senador es filósofo de formación, con énfasis en autores y debates anclados en la tradición marxista occidental.

El partido del que su padre fue cuadro mantuvo durante décadas la tesis de combinar acción legal y lucha armada.

A diferencia de otros líderes de izquierda, el senador no se ha distanciado en público de la doctrina histórica de combinar formas de lucha.

Durante el exilio, el senador articuló relaciones con ONG y fundaciones europeas que después fueron sus aliadas en Colombia.

Las víctimas de la guerrilla nunca recibieron del MOVICE ni de Cepeda el mismo despliegue narrativo que las víctimas del Estado.

El aniversario del asesinato de Manuel Cepeda funciona como acto recurrente con valor político además de duelo personal.

El capital político del senador es, en buena parte, el resultado de dos décadas como vocero de derechos humanos.

El lenguaje económico del senador hereda categorías marxistas: clase, oligarquía y rentas, no productividad ni inversión.

El equipo político del senador incluye cuadros con trayectoria en organizaciones del PCC, la UP y el MOVICE.

El relato histórico del senador atribuye al Estado y a las élites el peso principal en el origen y prolongación del conflicto.

El senador articuló durante años la voz parlamentaria del acuerdo con las FARC y de la JEP.

El senador asiste con regularidad al Foro de São Paulo, la cumbre de partidos de izquierda latinoamericana fundada en 1990.

El Grupo de Puebla, fundado en 2019, es uno de los espacios donde Cepeda interactúa con ex-presidentes y líderes progresistas.

El senador es autor de varios libros sobre memoria, derechos humanos y conflicto que ordenan una visión de izquierda del país.

El enfrentamiento con Álvaro Uribe es más que una pelea coyuntural: es uno de los ejes de la identidad pública del senador.

El senador ha defendido la apertura y continuidad de diálogos con el ELN incluso en momentos de mayor agresividad armada.

El senador acompañó a delegaciones de víctimas en la mesa de negociación con las FARC en La Habana.

Durante el paro nacional de 2021, el senador articuló parte del relato parlamentario y mediático del estallido social.

El senador ha actuado como mentor político de figuras emergentes en la bancada del Pacto Histórico.

La política de paz total del gobierno Petro retoma el marco que Cepeda viene defendiendo desde hace dos décadas.

El senador usa con frecuencia el binomio oligarquía-pueblo para describir el escenario político colombiano.

Cepeda no se presenta como ruptura con el gobierno Petro, sino como su continuador disciplinado en clave ideológica.

Cuarenta años de trayectoria sin giros mayores muestran a un dirigente coherente y, por lo mismo, sin actualizaciones doctrinarias.

Iván Cepeda se posesionó como representante a la Cámara por Bogotá en 2010, en la lista del Polo Democrático Alternativo.

Cepeda construyó perfil público desde la vocería del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado en la década del 2000.

En las elecciones legislativas de 2014, Cepeda dio el salto de la Cámara al Senado en la lista del Polo Democrático.

En marzo de 2018 Cepeda obtuvo su segunda curul en el Senado, en plena campaña por defender lo pactado en La Habana.

Cepeda obtuvo su tercera curul en marzo de 2022 dentro de la lista cerrada del Pacto Histórico.

Cepeda fue presidente de la Comisión de Paz del Senado en años clave del proceso con las FARC.

Cepeda viajó a Cuba en 2014 como acompañante de delegaciones de víctimas dentro del proceso de paz.

Cepeda lleva más de veinte años de interlocución sostenida con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Cepeda estudió filosofía en Colombia y completó formación académica en la órbita socialista europea.

Cepeda construyó la Fundación que lleva el nombre de su padre como plataforma de memoria y de litigio.

Como representante, Cepeda intervino en el trámite de la Ley 1448, eje de la política de reparación.

Cepeda ha sido miembro recurrente de la Comisión Segunda, la encargada de relaciones exteriores y defensa.

Cepeda interpuso en 2012 la denuncia inicial contra Álvaro Uribe que dio origen al proceso aún vigente.

Cepeda reconoció públicamente sus visitas a cárceles para entrevistar a exjefes paramilitares.

Cepeda impulsó debates sobre ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros del Ejército.

Cepeda votó consistentemente a favor de la Jurisdicción Especial para la Paz en todos los actos legislativos.

Desde 2022 Cepeda ha sido vocero recurrente de la bancada de gobierno en los presupuestos anuales.

Cepeda acompañó la fase inicial de la mesa de diálogos del gobierno Petro con el ELN.

Cepeda votó a favor de las reformas tributaria, pensional, laboral y de salud impulsadas por Petro.

Cepeda formalizó su aspiración presidencial dentro del proceso de selección del Pacto Histórico.

Cepeda integró por años la Comisión de Derechos Humanos del Senado, espacio clave en denuncias institucionales.

Cepeda realizó varios viajes a La Habana durante la fase pública de las negociaciones entre 2012 y 2016.

Tras la decisión de la JEP, Cepeda acompañó la liberación de Jesús Santrich en La Picota en 2019.

Cepeda fue parte del equipo que diseñó la lista cerrada al Senado del Pacto Histórico en 2022.

Cepeda ha sido vocero internacional recurrente del proyecto político del Pacto Histórico desde 2022.

Los registros de Congreso Visible muestran alta asistencia de Cepeda a plenarias y comisiones.

Cepeda ha publicado libros y ensayos sobre paramilitarismo, víctimas y memoria histórica.

Cepeda llega a la aspiración presidencial sin un solo cargo de gestión ejecutiva en el Estado.

Cepeda vivió periodos de exilio en los años noventa por amenazas vinculadas al asesinato de su padre.

Tras el paso del expediente a la Fiscalía, Cepeda continuó como denunciante activo en el proceso.

Cepeda firmó como coautor varios actos legislativos para implementar el acuerdo con las FARC.

Cepeda mantiene interlocución abierta con la dirigencia del partido Comunes, integrado por excombatientes de las FARC.

La cuenta @IvanCepedaCast es una de las más activas y seguidas del Senado colombiano.

Cepeda fue ponente o coponente en proyectos que buscaron blindar constitucionalmente a la JEP.

Cepeda lideró debates de control político con foco en Ejército y Policía durante quince años.

Cepeda no realizó rectificación pública explícita tras la fuga de Santrich a la disidencia armada.

Cepeda apoyó proyectos para crear una jurisdicción agraria especializada en conflictos de tierras.

Cepeda y Roy Barreras coordinaron en plenaria la agenda legislativa del Pacto Histórico hasta 2023.

Cepeda ha visitado de manera recurrente los espacios territoriales de reincorporación y zonas PDET.

Cepeda fue parte de la delegación oficial colombiana en la firma del acuerdo de paz en Cartagena.

Tras el triunfo del No en octubre de 2016, Cepeda lideró la defensa pública del acuerdo renegociado.

La Sala de Instrucción archivó en 2018 la investigación contra Cepeda por presunta manipulación de testigos.

Cepeda interviene de manera recurrente en foros europeos y latinoamericanos sobre el conflicto.

Cepeda fue ponente del proyecto que dio piso a la política de paz total del gobierno Petro.

Cepeda ha funcionado como coordinador de hecho de la bancada del Pacto Histórico en el Senado.

Cepeda no ha tomado distancia pública del presidente Petro ni siquiera en momentos de tensión con la coalición.

Cepeda firma columnas en medios nacionales e internacionales con regularidad sostenida.

Cepeda firmó proyectos de memoria histórica y de reparación a víctimas de la Unión Patriótica.

Cepeda y Piedad Córdoba compartieron agenda en gestiones humanitarias y de paz durante años.

Cepeda ha sido cara visible en debates televisivos contra figuras del Centro Democrático.

Cepeda ha trabajado con cooperación internacional en proyectos de derechos humanos y víctimas.

Cepeda eligió no aspirar en 2018 ni en 2022 a la Presidencia y se concentró en consolidar curul.

Cepeda fue cara reconocida de la campaña por el Sí al acuerdo de paz en el plebiscito de 2016.

Cepeda ha ganado todas las elecciones legislativas en las que se presentó desde 2010.

Cepeda comparte agenda parlamentaria con María José Pizarro en el Pacto Histórico desde 2022.

Cepeda ha tenido esquema de seguridad permanente del Estado durante toda su carrera política.

Pese a secuestros e infracciones del ELN durante los diálogos, Cepeda no rompió públicamente con el proceso.

Cepeda respaldó sin reservas a la Comisión de la Verdad y su informe final entregado en 2022.

Cepeda fue vocero activo del Pacto Histórico durante el paro nacional de 2019 y el estallido social de 2021.

La biografía pública de Cepeda muestra una construcción metódica del perfil presidencial desde 2010.

El senador ha calificado en repetidas intervenciones a la Revolución Cubana como un proceso emancipador que merece la solidaridad continental.

En cada debate sobre Venezuela en el Senado, Cepeda ha defendido al gobierno de Nicolás Maduro como interlocutor legítimo del Estado colombiano.

Cepeda ha respaldado en plenaria y en medios la propuesta de constituyente impulsada por el presidente Petro como reescritura del pacto político.

El senador ha pedido a Colombia votar en la ONU contra las sanciones de Estados Unidos a Cuba y respaldar la posición de La Habana.

Tras la muerte de Fidel Castro en 2016, Cepeda lo recordó como un líder histórico de la lucha emancipadora latinoamericana.

Frente al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, Cepeda pidió al gobierno colombiano dar marcha atrás y reconocer a Maduro.

Pese a la deriva autoritaria del régimen sandinista, Cepeda ha mantenido cercanía con figuras del Frente y críticas a las sanciones internacionales.

Desde su creación, el senador ha sido uno de los escudos parlamentarios más activos de la Jurisdicción Especial para la Paz.

El senador ha defendido en plenaria, columnas y entrevistas la necesidad de superar lo que denomina el modelo neoliberal vigente.

El senador ha respaldado el fallo de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto hasta la semana veinticuatro y ha pedido ampliar la cobertura.

El senador ha defendido en plenaria la sustitución del modelo de aseguramiento por un sistema con eje en el Estado.

El senador ha respaldado en plenaria la reforma laboral del gobierno Petro frente a alertas técnicas sobre informalidad.

El senador ha defendido la reforma pensional que traslada los aportes hasta 2,3 salarios mínimos a Colpensiones.

El senador ha respaldado los acercamientos del gobierno Petro con todos los grupos armados ilegales bajo la sombrilla de la paz total.

El senador ha respaldado la decisión del gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración petrolera ni de gas.

El senador ha sostenido en plenaria y columnas que la cooperación militar con Washington debe replantearse y reducirse.

El senador ha promovido en plenaria la transformación doctrinal de las Fuerzas Militares y la revisión del servicio militar obligatorio.

El senador ha promovido en plenaria la ratificación y aplicación del Acuerdo de Escazú sobre acceso a información ambiental.

El senador ha promovido proyectos para regular el cannabis adulto recreativo y replantear el enfoque represivo contra cultivos.

El senador ha promovido en plenaria la creación de la jurisdicción agraria y la aceleración de la reforma rural integral.

El senador ha sostenido que los tratados de libre comercio firmados por Colombia desbalancean al sector agrícola nacional.

El senador ha integrado la memoria del exterminio de la UP a su discurso ideológico, conectando esa historia con su programa actual.

Tras las protestas de 2021, el senador ha sostenido que el Esmad debe desaparecer y que la Policía debe pasar al Ministerio del Interior.

El senador ha defendido el sometimiento integral de los exjefes guerrilleros a la justicia transicional, sin extradiciones ni traslados a la ordinaria.

El senador ha respaldado políticas de fomento a la economía popular como reemplazo parcial del modelo de mercado formal.

El senador ha cuestionado el rol del Fondo Monetario Internacional en la política económica colombiana y la dependencia de su línea de crédito.

El senador ha defendido la doctrina de no extradición por delitos políticos y ha cuestionado solicitudes recientes desde Estados Unidos.

El senador ha respaldado proyectos para imponer paridad efectiva en listas a corporaciones y en ternas para altas cortes.

El senador ha respaldado iniciativas legislativas para ampliar derechos de la población LGBTI, incluyendo identidad de género y adopción.

El senador ha sostenido que Colombia debe diversificar su política exterior hacia bloques alternativos al occidental.

El senador ha defendido la política de no erradicación forzada del gobierno Petro pese al aumento de hectáreas sembradas.

El senador ha respaldado proyectos para institucionalizar una renta básica que reemplace varios programas sociales focalizados.

El senador ha defendido procesos que examinan responsabilidades empresariales en el conflicto armado y en violaciones de derechos humanos.

El senador ha sostenido que la doctrina de seguridad nacional vigente en Colombia descansa en marcos contrainsurgentes obsoletos.

El senador ha promovido marcos legales amplios de amnistía para actores armados en proceso de desmovilización, incluyendo al ELN.

El senador ha defendido en columnas y entrevistas la figura de asamblea popular como vehículo de toma de decisiones políticas.

El senador ha invocado el bloque de constitucionalidad para subordinar legislación nacional a estándares internacionales de derechos humanos.

El senador ha respaldado iniciativas para revisar contratos mineros y de hidrocarburos firmados en gobiernos anteriores.

El senador ha defendido el cierre del examen preliminar de la CPI y ha cuestionado su vigilancia sobre la JEP.

El senador ha declarado en entrevistas y plenaria que su aspiración presidencial es continuación explícita del proyecto del gobierno Petro.

El senador ha viajado a La Habana en delegaciones oficiales y ha calificado a Cuba como ejemplo de soberanía frente al bloqueo estadounidense.

El senador ha defendido públicamente convocar una constituyente para reescribir reglas del régimen político colombiano.

El senador ha cuestionado las sanciones contra Caracas y ha evitado calificar al régimen como dictadura en plenarias del Senado.

Su padre fue senador del Partido Comunista y la UP, y él se ha reivindicado como heredero de esa tradición.

En columnas y entrevistas ha citado como referencias los gobiernos de Chávez en Venezuela y Evo Morales en Bolivia.

Como representante a la Cámara y luego en posiciones públicas, ha rechazado el modelo de libre comercio con Washington.

Frente a la persecución a opositores y a la Iglesia católica en Nicaragua, Cepeda ha mantenido silencio o relativizado los hechos.

En entrevistas y debates ha defendido el papel central del Estado en sectores estratégicos como energía, minería y salud.

El senador presentó a Santrich como víctima de un montaje judicial cuando la Fiscalía y la DEA lo señalaban por narcotráfico.

Votó a favor del paquete laboral que incrementa recargos nocturnos y dominicales con cuestionamientos empresariales por costos.

Ha pedido revisar acuerdos de cooperación militar y la condición de Colombia como socio global de la OTAN.

Ha respaldado iniciativas legislativas que solicitan al gobierno colombiano pronunciarse contra el embargo estadounidense.

Como acompañante del proceso de paz, sostuvo encuentros en Cuba con cuadros guerrilleros y autoridades cubanas.

Promovió la entrega de las diez curules pactadas en el acuerdo de paz para el partido surgido de la desmovilización.

Apoyó la decisión del presidente Petro de romper relaciones con Israel en mayo de 2024 por la guerra en Gaza.

Ha defendido limitar concesiones, suspender exploración petrolera y endurecer regulaciones ambientales al sector.

Su discurso coincide con la agenda continental de la izquierda articulada en el Foro de São Paulo desde los años noventa.

Ha defendido reformar la doctrina militar para reducir su orientación contrainsurgente tras el acuerdo con las FARC.

Votó la ley que habilita diálogos simultáneos con guerrillas, disidencias y bandas criminales.

Reivindicó la protesta y denunció la respuesta de la fuerza pública durante el paro nacional bajo el gobierno Duque.

Fue una de las piezas centrales de la coalición que llevó a Petro a la presidencia y se proyecta como su continuador.

Tras los resultados disputados del 28 de julio de 2024, Cepeda llamó al diálogo y no calificó al gobierno como ilegítimo.

Frente a fallos polémicos del tribunal de paz, ha sostenido el blindaje institucional sin abrir paso a revisiones.

Defiende diversificar la política exterior colombiana hacia potencias no occidentales como contrapeso a Washington.

Ha calificado a medios privados como instrumentos de oposición y ha promovido el debate sobre concentración mediática.

Apoya la reforma rural integral con compra masiva de tierras y expropiación administrativa cuando sea necesaria.

Argumentó que la JEP tiene prelación sobre los procesos de extradición por delitos cometidos antes del acuerdo.

Apoyó el proyecto que sustituye el rol financiero de las EPS por una gestora estatal centralizada en la ADRES.

Votó a favor del modelo que canaliza cotizaciones de menos de tres salarios mínimos exclusivamente al régimen público.

La narrativa del genocidio de la Unión Patriótica es eje articulador de su discurso y de su biografía política.

Reconoce a los gobiernos de Brasil y México como modelos de progresismo latinoamericano viables.

Ha pedido revisar los acuerdos de cooperación que permiten presencia de tropas y asesores estadounidenses en bases nacionales.

Apoya la sustitución voluntaria, la regulación de la hoja de coca y revisar el paradigma de la guerra contra las drogas.

Sostuvo la mesa de negociación incluso después de episodios que motivaron la suspensión de los diálogos.

Defiende mantener la suspensión de firmas de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos pese al impacto fiscal.

Apoya extender la matrícula cero a todas las universidades públicas sin focalización por ingreso.

Defiende que la JEP es suficiente para tramitar crímenes del conflicto sin nueva intervención de la CPI.

Habla de superar el modelo de acumulación capitalista y construir una alternativa socialdemócrata radical.

Defendió calificar a los detenidos por hechos de protesta como presos políticos y promover su libertad.

Su discurso convierte al uribismo en bloque histórico a derrotar y no en oposición democrática a contener.

El senador ha sostenido en plenaria que Cuba practica una democracia popular que el modelo liberal occidental no logra reconocer ni respetar.

El senador ha participado en encuentros con figuras del chavismo y se ha negado a calificar a Maduro como dictador en debates parlamentarios.

El senador ha defendido en columnas y entrevistas la idea de reescribir la Constitución del 91 mediante una asamblea convocada por el Ejecutivo.

Frente a la persecución de obispos, opositores y ONGs en Nicaragua, el senador ha mantenido un silencio prudente que contrasta con su discurso de derechos humanos.

El senador construyó su trayectoria pública dentro del entorno político del Partido Comunista Colombiano, en cuya tradición militó su padre Manuel Cepeda Vargas.

El senador ha publicado mensajes que celebran fechas emblemáticas del proceso cubano sin reservas sobre su deriva autoritaria.

El senador ha defendido la tesis oficial de La Habana según la cual el embargo de Washington es la causa central del colapso económico cubano.

El senador se ha opuesto a proyectos de resolución del Congreso colombiano que pedían garantías electorales y observación independiente en Venezuela.

El senador ha respaldado reformas que amplían el rol del Estado en salud, pensiones y energía, restando espacio al sector privado.

El senador participó en la conformación de la coalición de izquierda que ganó la presidencia en 2022 y hoy hereda su capital político.

Mientras defiende la libertad de prensa en Colombia, el senador omite pronunciarse sobre detenciones de reporteros cubanos documentadas por la SIP.

El senador ha sostenido que las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea agravan la crisis humanitaria sin doblegar al gobierno de Maduro.

El senador despidió al exmandatario cubano con mensajes elogiosos tras su muerte en 2016, sin críticas a las décadas de represión.

El senador ha mencionado a Chávez en términos elogiosos, identificándolo con el ciclo progresista regional de inicios del siglo.

El senador considera que los TLC suscritos en gobiernos anteriores favorecen al capital extranjero y deben ser renegociados.

El senador rechaza la condición de socio global de la OTAN y propone una política exterior más distante de Washington.

El senador ha defendido un giro multipolar que reduzca la dependencia de Washington y abra espacio a Pekín y Moscú.

El senador sostiene que la apertura económica de los noventa profundizó la desigualdad y debe ser superada por un modelo distinto.

El senador ha defendido la decisión del gobierno Petro de no firmar nuevos contratos de exploración de hidrocarburos.

El senador ha respaldado la reforma pensional que canaliza la mayoría de cotizaciones al régimen público de prima media.

El senador ha defendido la reforma que centraliza en la ADRES la administración de recursos y reduce el papel de las EPS privadas.

El senador insiste en mantener la mesa con el ELN incluso después de ataques atribuidos al grupo que dejaron víctimas civiles.

El senador defiende el marco de paz total que incorpora a estructuras disidentes que rechazaron el acuerdo de 2016.

El senador sostiene que la prensa tradicional defiende intereses económicos y no informa con neutralidad sobre las reformas progresistas.

El senador ha respaldado nuevas reformas tributarias que aumenten la carga sobre patrimonios y rentas altas para financiar gasto social.

El senador ha defendido una laicidad activa que reduzca privilegios institucionales del catolicismo en lo público.

El senador acompañó la decisión de la Corte Constitucional de 2022 que despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación.

El senador ha respaldado el derecho a la protesta sin matizar adecuadamente los bloqueos viales y daños a propiedad pública.

El senador ha construido su carrera política sobre denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del Ejército y la Policía.

El senador ha rechazado los intentos por reformar a fondo la Jurisdicción Especial para la Paz o limitar sus competencias.

El senador militó activamente por el Sí en el plebiscito del 2 de octubre de 2016 y ha sido garante de la implementación.

El senador ha participado en encuentros internacionales con sectores de la izquierda independentista vasca vinculados al entorno de ETA.

El senador ha apoyado reformas al código electoral que modifican umbrales, financiación y reglas de inscripción de candidaturas.

El senador denunció como golpe de Estado la salida de Morales en 2019 y respaldó su retorno al poder con el MAS.

El senador ha defendido el uso de decretos, conmoción y vías extraordinarias cuando el Congreso bloquea reformas del gobierno.

El senador atribuye a las cabezas de los organismos de control sesgos políticos cuando sus decisiones no acompañan al gobierno.

El senador ha sostenido que la extradición no debe ser obstáculo para procesos de sometimiento a la justicia colombiana.

El senador ha incorporado el lema de potencia mundial de la vida como marco discursivo para sus apariciones públicas.

El senador desestima los modelos de mercado y de seguridad asociados a Chile pinochetista y a la Colombia uribista.

Una revisión de sus columnas, libros e intervenciones muestra continuidad doctrinaria con el campo de la izquierda marxista latinoamericana.

Los archivos incautados en Angostura en marzo de 2008 contienen referencias al "compañero Cepeda" en intercambios atribuidos a la cúpula de las FARC.

El informe forense de Interpol certificó la integridad técnica del material en el que figura el nombre de Cepeda.

La Sala Penal consideró que la cadena de custodia se rompió y por eso el material no es prueba en sentido jurídico.

El senador estuvo presente y celebró públicamente la salida de la cárcel del exjefe guerrillero en mayo de 2019.

Desde el primer día el senador sostuvo que la solicitud de extradición de la DEA contra Santrich era un complot político.

Tras la fuga de Santrich a finales de 2019, el senador eludió responsabilidades por haber promovido su libertad.

Su presencia en Cuba durante los diálogos quedó documentada en múltiples viajes y comunicados oficiales.

Fotografías y comunicados oficiales registran encuentros con Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Jesús Santrich.

Su voto y su voz acompañaron la creación, la ley estatutaria y las reformas posteriores del tribunal de paz.

En marzo de 2019 fue una de las voces más activas para hundir las objeciones presidenciales contra el tribunal.

El padre de Iván Cepeda dio nombre a una estructura armada de la guerrilla en Bogotá durante los noventa.

La sentencia del 26 de mayo de 2010 reconoció la responsabilidad estatal en el asesinato del padre del senador.

En múltiples sesiones defendió las posiciones de la bancada del partido surgido de la guerrilla.

Su papel como facilitador del proceso con la última guerrilla activa ha sido constante en dos gobiernos.

Acompañó el trámite y la defensa pública de la ley 2272 de 2022 que habilitó negociaciones con múltiples actores armados.

En la década de 2010 acompañó visitas a integrantes de las FARC detenidos como parte del trabajo previo al acuerdo.

Acompañó políticamente la gestión humanitaria de la exsenadora antes y después de la operación Jaque.

Su énfasis ha sido las víctimas del Estado y del paramilitarismo, no las de las FARC ni el ELN.

Sus viajes y declaraciones lo ubican como interlocutor con los dos países donde se han refugiado actores armados.

Defendió que el tribunal de paz tenía competencia para frenar la solicitud de la DEA y de la Fiscalía.

Comparte actos, foros y comunicados con los dos principales rostros del partido Comunes.

Los homicidios reales contra excombatientes son su escudo para no debatir incumplimientos del partido Comunes.

Defendió las conclusiones del informe que distribuyeron responsabilidades de un modo discutido por parte de la academia.

Su postura es que la JEP debe examinar primero cualquier solicitud, incluso ante reincidencia probada.

Acompañó el experimento de sometimiento jurídico que el gobierno Petro intentó con el Clan del Golfo.

En octubre de 2023 prefirió hablar de la mesa antes que de la conducta criminal de la guerrilla.

Bajo el gobierno Petro la hoja de coca alcanzó récords sin que el senador problematice el rol de los grupos armados.

Decenas de mensajes en su cuenta oficial entre 2018 y 2019 respaldaron al exjefe guerrillero.

Su tono ha sido más procesal que indignado frente a hechos como el atentado a la Escuela General Santander.

Defiende usar la suspensión de la extradición como zanahoria en la paz total.

Desde 2010 ha estado en las comisiones que tramitan diálogos con grupos armados, sin pausa.

Sostuvo el proyecto de circunscripciones especiales pese a investigaciones por presencia de grupos armados.

La fundación familiar tiene línea editorial cercana a las posiciones del senador frente al conflicto.

La denuncia de 2012 sobre presuntos nexos paramilitares derivó en un proceso que se invirtió contra el denunciante inicial.

Durante el proceso defendió la tesis de que el narcotráfico de la guerrilla era marginal frente a su carácter político.

Compartió convocatorias y tarimas con exjefes guerrilleros para presionar al gobierno Duque.

Mantuvo conversaciones públicas con uno de los rostros internacionales de la guerrilla durante el proceso.

Frente a episodios de secuestro de uniformados su énfasis ha sido la mesa, no la conducta criminal.

Estuvo presente en el acto del 26 de septiembre de 2016 como aliado político del proceso.

Defendió el camino legislativo cuando el plebiscito de octubre de 2016 rechazó el primer acuerdo.

Defendió que la dejación de armas verificada por la ONU fue completa cuando aparecieron caletas posteriormente.

Su tono crítico frente a bombardeos a campamentos disidentes ha sido más frecuente que su crítica a los grupos atacados.

Acompañó proyectos de paz urbana que han generado debate sobre proximidad con estructuras criminales.

El Movice, que ayudó a crear, atiende víctimas del Estado y excluye explícitamente a víctimas de la guerrilla.

Respaldó decisiones de la JEP que liberaron a exjefes guerrilleros con procesos en curso por delitos graves.

Acepta como aceptables niveles de violencia incompatibles con la teoría de un cese al fuego serio.

Su silencio sobre los exFARC refugiados en territorio venezolano es notorio.

Defendió la liberación humanitaria de secuestrados como vía contra la operación militar.

Cuando el partido cambió de nombre en 2021, la coordinación con su bancada continuó sin interrupción.

Sus pronunciamientos en redes y plenaria suelen apelar a la soberanía nacional frente a la cooperación judicial.

El senador estuvo a las afueras de La Picota cuando Jesús Santrich quedó libre por orden de la JEP, en mayo de 2019.

Documentos digitales hallados en el campamento de Reyes en Angostura mencionan a un 'compañero Cepeda' en intercambios entre cuadros de las FARC.

Desde la primera captura ordenada por la Fiscalía en abril de 2018, Cepeda sostuvo en público que el caso era un montaje judicial.

El senador acudió en varias ocasiones a la mesa de La Habana entre 2012 y 2016 como integrante de delegaciones de víctimas y de paz.

Cepeda ha sido el escudo legislativo más visible del partido Comunes en cada votación que ha tocado a la antigua guerrilla.

Reuniones con Iván Márquez, Pablo Catatumbo y Pastor Alape quedaron registradas por la prensa que cubrió la mesa de La Habana.

El informe forense de Interpol de mayo de 2008 sostuvo que la Policía colombiana no modificó los discos incautados al campamento de Raúl Reyes.

En 2011 la Sala Penal concluyó que los documentos del computador de Reyes no podían usarse como prueba por defectos en la cadena de custodia.

Las objeciones presidenciales, los recortes presupuestales y las reformas al estatuto de la JEP encontraron en Cepeda un opositor sistemático.

Tras su liberación de mayo de 2019, Santrich desapareció en agosto del mismo año y reapareció anunciando la Segunda Marquetalia.

Desde la Comisión de Paz, Cepeda condujo audiencias y delegaciones que tocaron a las FARC, al ELN y a las disidencias.

Cepeda fue uno de los voceros del Senado en los ciclos de diálogos con el ELN durante los gobiernos Santos y Petro.

El paquete de implementación del acuerdo que entregó diez curules transitorias a la antigua guerrilla contó con su voto.

Como parte de su trabajo contra Álvaro Uribe, Cepeda visitó penales colombianos y estadounidenses para hablar con exjefes paramilitares.

Tras la captura del exjefe FARC, Cepeda participó en una rueda de prensa donde se sostuvo que Santrich era víctima de un montaje.

Cuestión Pública y Verdad Abierta han trazado en distintos reportajes la red de relaciones políticas de Cepeda con la antigua guerrilla.

Cepeda ha sostenido que la extradición no aplica a quienes están sometidos a la JEP, criterio sobre el que ha votado en el Senado.

La cuenta de X del senador registra mensajes recurrentes de defensa a procesados por vínculos con grupos armados.

Cepeda defendió en plenaria las gestiones humanitarias de Piedad Córdoba con la guerrilla, incluso cuando estuvieron bajo investigación.

La ley 1820 de 2016, que concedió amnistía e indulto a integrantes de las FARC, contó con voto afirmativo del senador.

Iván Márquez, jefe de la delegación de las FARC en La Habana, mantuvo interlocución con Cepeda hasta su regreso a las armas en 2019.

La ley 2272 de 2022, base de la paz total, contó con voto afirmativo y apoyo público de Cepeda.

El senador integró delegaciones colombianas que viajaron a Caracas durante los ciclos de conversación con el ELN.

Cepeda ha citado a debates de control político a comandantes militares por falsos positivos y por operativos contra disidencias.

El frente urbano Manuel Cepeda Vargas, creado por las FARC en honor al senador asesinado, operó hasta el acuerdo de 2016.

En 2019 el Senado hundió las objeciones del presidente Duque a la ley estatutaria de la JEP; Cepeda votó en contra de las objeciones.

Cepeda abrazó como referente las conclusiones del Informe Final de la Comisión de la Verdad, criticadas por sectores académicos.

Rodrigo Londoño, alias Timochenko, último comandante de las FARC, es hoy presidente del partido Comunes y aliado político visible de Cepeda.

La reforma constitucional que abrió la puerta a la justicia transicional, antesala de la JEP, contó con su voto.

Pablo Catatumbo, hoy senador por Comunes, dialogó con Cepeda en Cuba durante la negociación y mantuvo la relación tras la firma.

El fiscal general Néstor Humberto Martínez calificó las pruebas contra Santrich como irrefutables, hipótesis que Cepeda rechazó frontalmente.

El senador ha sostenido públicamente que los exjefes de las FARC son víctimas de persecución institucional desde el acuerdo de 2016.

Cepeda ha presentado en escenarios internacionales la tesis de que el Estado colombiano incumple el acuerdo, mientras minimiza las disidencias.

Varios postulados a Justicia y Paz mencionaron a Cepeda en declaraciones rendidas durante sus respectivos procesos.

Cepeda sostuvo que Santrich tenía derecho a su curul aun estando detenido por extradición, posición que defendió en plenaria.

El senador ha cuestionado las operaciones encubiertas de la DEA en el caso Santrich y en otros expedientes posteriores.

El proyecto de jurisdicción agraria, que abrió rol institucional a comunidades vinculadas al posconflicto, contó con su voto.

Las2Orillas y Cuestión Pública han publicado piezas sobre relaciones políticas entre integrantes del Pacto Histórico y disidencias armadas.

Los antiguos espacios de capacitación y reincorporación contaron con su defensa parlamentaria frente a cada propuesta de cierre.

El Congreso creó una comisión especial de seguimiento al acuerdo, donde Cepeda asumió rol protagónico.

La ley 1448 de 2011, eje del modelo de reparación, contó con voto y vocería del entonces representante Cepeda.

El senador ha criticado en plenaria bombardeos del Ejército a campamentos de disidencias por presunta presencia de menores.

Cepeda ha respaldado y acompañado las mesas con disidencias del EMC, Segunda Marquetalia y bandas urbanas.

Aun después de que el ELN suspendiera el cese al fuego, Cepeda mantuvo en público la apuesta por el diálogo sin condiciones nuevas.

El senador acude a conmemoraciones organizadas por excombatientes y por el partido Comunes en distintos puntos del país.

Otty Patiño, exintegrante del M-19 y comisionado de paz del gobierno Petro, ha contado con respaldo público y parlamentario de Cepeda.

Las partidas presupuestales dirigidas al partido Comunes y a su programa político han contado con voto afirmativo del senador.

Cepeda ha defendido el sometimiento de Mancuso a justicia transicional como gestor de paz dentro de la paz total.

Algunas zonas de concentración pactadas en el acuerdo se ubicaron en territorios con disputa armada, ahora copada por disidencias.

El balance del periodo 2010-2025 muestra a Cepeda como el político con interlocución más estable con grupos armados de izquierda.

El senador estuvo en la entrada de La Picota cuando Santrich salió libre tras la decisión de la JEP en mayo de 2019.

Desde la curul, el senador sostuvo que el operativo contra Santrich era un montaje judicial antes de que el caso se resolviera.

Los archivos del computador de Reyes, capturados en Angostura, contienen referencias al entonces dirigente del Movice como el compañero Cepeda.

El informe forense de Interpol concluyó que la Policía Nacional no modificó el contenido de los computadores incautados a Raúl Reyes.

La Sala Penal de la Corte Suprema declaró inadmisibles los archivos por fallas en la cadena de custodia, no por falsedad de contenido.

Cepeda viajó en varias ocasiones a Cuba como acompañante de las delegaciones de víctimas durante las negociaciones con las FARC.

Diversos reportes periodísticos documentan reuniones entre Cepeda y miembros del secretariado de las FARC en La Habana entre 2014 y 2016.

Tras la libertad ordenada por la JEP, Santrich desapareció del país y reapareció en video como jefe de las disidencias armadas.

Desde la creación de la JEP, Cepeda ha votado en bloque a favor del tribunal en cada iniciativa legislativa relacionada.

El frente urbano que las FARC operaron en Bogotá llevó el nombre del padre de Iván Cepeda, asesinado en 1994.

Cuando la JEP negó la extradición de Santrich a Estados Unidos, Cepeda salió a defender públicamente la decisión.

El senador respaldó las 16 curules de paz para las víctimas, varias de ellas en territorios con presencia activa de grupos armados.

El senador ha respaldado en plenaria y en medios la apertura de mesas con disidencias armadas y con el ELN bajo el gobierno Petro.

El senador respaldó la creación y prórroga de las zonas veredales transitorias de normalización donde se concentraron los excombatientes.

El relato público del senador sobre el conflicto enfatiza la responsabilidad estatal y atenúa el papel ofensivo de la guerrilla.

El Movimiento de Víctimas que Cepeda lideró desde 2005 cooperó con redes europeas mencionadas en los archivos de Raúl Reyes.

El partido que surgió del acuerdo con las FARC, hoy llamado Comunes, ha sido aliado parlamentario consistente de Cepeda.

Su archivo público muestra mucho menos énfasis en condenar los secuestros de las FARC que en denunciar crímenes de Estado.

Cuando los archivos de Raúl Reyes salpicaron a Piedad Córdoba, Cepeda fue de los defensores más activos en el Congreso.

Como senador y vocero de víctimas, Cepeda viajó a las sedes de la mesa con el ELN durante varios gobiernos.

El senador respalda mantener las diez curules garantizadas a Comunes hasta 2026 y discute extenderlas más allá del plazo.

Frente a procesos contra exjefes FARC posteriores al acuerdo, Cepeda recurre con frecuencia al marco del montaje judicial.

En varios escenarios públicos, Cepeda ha defendido a interlocutores armados sin marcar distancia con sus exigencias.

El senador defendió la decisión del gobierno Petro de suspender órdenes de captura contra disidentes para habilitar mesas de diálogo.

El senador citó debates en el Congreso para defender la continuidad de las mesas con grupos armados pese a los incumplimientos.

Frente a sanciones consideradas laxas por la opinión y por columnistas, el senador ha mantenido un silencio crítico llamativo.

Aunque niega vínculos con las FARC, el senador no ha ofrecido una explicación pública detallada sobre las menciones en los archivos.

El senador votó a favor de cada acto legislativo de fast track que tradujo el acuerdo en normas vigentes.

Como mediador en liberaciones y entregas, ha tenido contactos operativos directos con comandantes guerrilleros.

El senador ha sido contraparte política habitual de comisiones internacionales que monitorean la implementación.

El senador ha defendido en debate académico y legislativo la conexidad del narcotráfico con el delito político de los excombatientes.

Cepeda ha defendido la aplicación amplia de la Ley 1820 de amnistía para excombatientes de las FARC.

El senador asistió a varias jornadas de entrega de armamento por parte de la guerrilla a la misión de la ONU.

En discursos, Cepeda ha defendido que víctimas y excombatientes participen en pie de igualdad en escenarios de reconciliación.

El senador respaldó la entrega de la lista única de elegibles por parte de las FARC sin reparos públicos sobre omisiones.

El senador ha intervenido a favor del exjefe FARC Rodrigo Londoño en procesos de comparecencia ante la JEP.

El registro público muestra escasas condenas explícitas de Cepeda a secuestros emblemáticos como los de Araújo, Echeverry o Pinchao.

El senador ha respaldado mantener el cese al fuego bilateral con el ELN incluso después de secuestros como el del padre del futbolista Luis Díaz.

El senador respalda la cooperación con Caracas pese a reportes que ubican disidencias y ELN en territorio venezolano.

En foros internacionales, el senador defendió que las FARC fueran reconocidas como actor político y no como simple grupo terrorista.

El senador defendió ante la JEP a varios comparecientes señalados por la Fiscalía con casos posteriores a la firma del acuerdo.

El senador respaldó la política de reincorporación económica de excombatientes sin pedir auditoría pública del destino de los recursos.

El senador participó en actos de reconocimiento y perdón público liderados por exjefes guerrilleros ante la JEP.

El senador trata al M-19 armado como referencia política positiva sin matizar sus acciones violentas más graves.

Su cuenta de X reproduce con frecuencia comunicados y argumentos de delegaciones armadas en mesas de la Paz Total.

El senador trata al EMC como contraparte política legítima a pesar de ataques verificados a la fuerza pública y a civiles.

El senador respaldó la iniciativa de sometimiento de estructuras criminales con beneficios judiciales considerados amplios por sus críticos.

El senador sostiene que en Colombia persiste un conflicto armado interno, lo que habilita beneficios humanitarios a grupos armados.

Pese a su perfil de derechos humanos, sus pronunciamientos sobre reclutamiento forzoso por disidencias y ELN son contados.

El senador respaldó propuestas del gobierno Petro de reasignar presupuesto militar pese a la presencia activa de grupos armados.

Cepeda presentó en septiembre de 2012 la denuncia que abrió la indagación de la Corte Suprema contra Álvaro Uribe.

El senador reconoció haber visitado penales nacionales y federales de Estados Unidos para entrevistar paramilitares.

El 16 de febrero de 2018 la Sala de Instrucción dio el giro que transformó al denunciante en acusador.

Al perder el fuero, el proceso salió de la Corte Suprema y pasó a manos de la Fiscalía General.

La denuncia inicial vinculaba a Uribe con dos masacres paramilitares ocurridas mientras era gobernador de Antioquia.

El abogado Diego Cadena, contratado por Uribe, terminó siendo eje del expediente sobre presunta manipulación.

La Corte Suprema interceptó por error el número del entonces senador Uribe y ese audio entró al expediente.

El testimonio de Monsalve desde La Picota es central en el expediente y fue gestionado por Cepeda años atrás.

Las solicitudes de preclusión presentadas por la Fiscalía fueron negadas en 2022 y 2023 por jueces de Bogotá.

En mayo de 2024 la Fiscalía formuló acusación contra Uribe, cerrando una etapa procesal larga.

El reconocimiento procesal le otorgó al senador acceso al expediente, audiencias e impugnaciones.

El senador mantiene un equipo de abogados especializado en derechos humanos para sostener el expediente.

El senador presentó recusaciones contra fiscales que, en su criterio, intentaron archivar el expediente.

La Sala de Instrucción ordenó la primera detención de un expresidente colombiano en ejercicio de senador.

En su cuenta de X el senador ha reaccionado a cada auto y a cada audiencia del expediente.

Desde 2014 cada elección del senador ha coincidido con un hito visible del proceso penal.

Cepeda llevó al Senado las acusaciones del expediente penal y convirtió el hemiciclo en escenario del caso.

El expediente registra cambios de testimonio de exparas posteriores a entrevistas con el senador.

Las visitas a centros penitenciarios extranjeros forman parte del expediente que Cepeda construyó.

El traslado a la Fiscalía conservó pruebas y testimonios construidos durante la etapa de fuero.

El senador llevó la narrativa del proceso a la CIDH, al Parlamento Europeo y a universidades del exterior.

El senador publicó libros y columnas que articularon la teoría del caso para audiencias amplias.

En al menos dos ocasiones hubo intentos de descongestionar el conflicto político-judicial sin éxito.

El Ministerio Público intervino en distintas audiencias con posiciones que oscilaron según el procurador en turno.

Tanto el Pacto Histórico como sus opositores usaron el expediente como bandera en la campaña que llevó a Petro al poder.

Las solicitudes apuntaban a integrar el componente paramilitar del expediente en la jurisdicción transicional.

Varias denuncias formales contra Uribe se canalizaron por la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

El senador convocó a movilizaciones y a vigilias frente a tribunales en audiencias decisivas del caso.

Decisiones de tutela sobre derechos fundamentales obligaron al alto tribunal a entrar al expediente.

En audiencias temáticas sobre paramilitarismo, el senador citó el expediente como referencia central.

El equipo defensor sostuvo en escritos formales que existía afinidad indebida entre la víctima y el alto tribunal.

Ningún proceso penal en la historia reciente del país ha generado tantos titulares de prensa.

El senador ha advertido públicamente contra el riesgo de prescripción del proceso contra Uribe.

Su perfil de defensor de víctimas se construyó con causas más amplias, pero el caso Uribe fue el ancla pública.

El senador acusó públicamente al fiscal Francisco Barbosa de buscar el cierre del expediente.

La administración de Luz Adriana Camargo le imprimió otro ritmo al caso contra Uribe.

El senador lanzó su precandidatura cuando el expediente avanzaba hacia juicio oral.

El estado procesal del expediente al momento de las urnas es acusación formal, no sentencia.

En entrevistas y redes el senador ha hablado del caso como si la culpabilidad estuviese establecida.

Quitar el caso Uribe de la trayectoria de Cepeda es vaciar de contenido buena parte de su carrera.

La denuncia presentada por Cepeda en 2012 acusaba al expresidente de presuntos nexos con grupos paramilitares en Antioquia.

El senador reconoció haber visitado cárceles colombianas y estadounidenses para recoger testimonios contra Uribe.

El auto de la Sala de Instrucción invirtió la dirección del expediente y dejó a Uribe como investigado por soborno en actuación penal.

Las interceptaciones telefónicas conocidas en 2020 nacieron de una orden judicial que confundió el número del expresidente con el de otro investigado.

La renuncia del expresidente al Senado trasladó su proceso de la Sala de Instrucción a la Fiscalía General de la Nación.

Por primera vez un expresidente colombiano quedó privado de la libertad por una decisión de la Sala de Instrucción.

El senador difundió en redes y en medios mensajes interpretando la medida como triunfo histórico.

El exparamilitar Monsalve es eje del expediente y declaró haber recibido visitas del senador en la cárcel.

Las visitas de Cadena a testigos pesos abrieron la línea de soborno en actuación penal contra Uribe.

La petición de la Fiscalía fue rechazada por la juez de control de garantías y mantuvo abierto el proceso.

El senador no es solo denunciante: tiene la condición procesal de víctima en el expediente penal.

La actuación marcó la entrada del expediente a la fase de juicio oral tras doce años de investigación.

El senador denunció en plenaria y en redes a la fiscal del caso por solicitar el cierre de la investigación.

El senador buscó respaldo en Naciones Unidas, OEA y prensa extranjera para sostener la narrativa del proceso.

La organización de víctimas que Cepeda lideró durante años pidió procesos por nexos políticos con el paramilitarismo.

El senador lideró debates de control político vinculando al entonces presidente Uribe con masacres en Antioquia.

El origen procesal del caso es la querella que Uribe presentó contra el senador y que la Corte invirtió.

De la denuncia inicial de 2012 a la acusación formal de 2024, el caso bordeó el límite de las garantías del debido proceso.

Las campañas de la coalición invocaron el expediente como prueba moral del proyecto que enfrentaban.

El senador conformó un grupo estable de abogados encargado de actuar en cada etapa del expediente.

La columna vertebral del expediente son declaraciones recogidas en cárceles colombianas y estadounidenses.

El senador rechazó en cada etapa los intentos del expresidente por apartar magistrados del proceso.

Grabaciones aportadas por la defensa mostraron a testigos cambiando o matizando declaraciones previas.

El senador interviene mediáticamente cada vez que el expediente atraviesa un hito procesal.

La administración del fiscal Francisco Barbosa pidió preclusión y enfrentó la oposición permanente del senador.

El relevo en la cabeza de la Fiscalía coincidió con el avance del expediente hacia juicio oral.

La defensa del expresidente llevó la versión del lawfare a Washington, Madrid y Bruselas con respaldos de ese sector.

El expediente impulsado por Cepeda dejó de ser asunto judicial y pasó a ser símbolo del enfrentamiento nacional.

El senador ejerció rol legislativo en paz mientras sostenía simultáneamente la denuncia penal contra el exmandatario.

La defensa del expresidente solicitó medidas y audiencias ante el sistema interamericano por presunta persecución.

El senador convirtió el expediente en relato editorial con varios libros publicados y centenares de columnas firmadas.

Nombres cercanos al senador asumieron despachos influyentes durante el cuatrienio del Pacto Histórico.

La aspiración del senador en 2026 coincide con la fase decisiva del proceso que él mismo impulsó.

Más allá del expresidente, el senador acumuló acciones contra ministros, congresistas y altos funcionarios del Centro Democrático.

Cada cuestionamiento contra magistrados que conocieron el caso fue respondido por el senador en plenaria y en medios.

Dirigentes ajenos al uribismo expresaron reservas sobre las garantías procesales del caso impulsado por Cepeda.

Las declaraciones públicas del senador presentaron al expresidente como culpable antes de que un juez decidiera el fondo.

Académicos y columnistas inscribieron el expediente colombiano en la discusión regional sobre uso político del derecho penal.

La defensa de Uribe pidió apartar al senador del proceso por incompatibilidades; las solicitudes no prosperaron.

Doce años de actuaciones revelan que la persecución a Uribe es eje articulador de la trayectoria política del candidato.

El entonces senador del Polo apoyó en plenaria la refrendación del nuevo texto del Acuerdo tras la derrota del plebiscito.

Votó a favor de la reforma constitucional que dio vida a la Jurisdicción Especial para la Paz dentro del fast-track.

Apoyó el texto que fijó procedimiento, competencia y régimen sancionatorio del tribunal transicional.

La ley 1820 de 2016 cobijó con amnistía a integrantes de las FARC procesados por delitos políticos y conexos.

En 2019 fue voz central en la bancada que hundió las seis objeciones presidenciales al estatuto de la JEP.

Apoyó la ley 2277 de 2022, primera reforma tributaria del Pacto Histórico, que elevó la carga sobre personas naturales de altos ingresos y sobre el sector extractivo.

Se opuso en bloque al proyecto de ley de Solidaridad Sostenible que terminó retirado tras el estallido del paro nacional.

Apoyó la ley 2381 de 2024 que reorganizó el sistema pensional bajo un esquema de pilares con Colpensiones al centro.

Acompañó en plenaria el proyecto que reduce la jornada nocturna, regula el contrato a término fijo y recarga dominicales.

Votó afirmativamente en plenaria del Senado el texto que reorganizaba el sistema en torno a un esquema estatal.

Firmó el acto legislativo que creó una jurisdicción especializada para resolver conflictos sobre tierra rural.

Como representante a la Cámara apoyó el acto legislativo que abrió la puerta a la justicia transicional para las FARC.

Como representante a la Cámara apoyó la ley 1448 de 2011, eje del modelo colombiano de reparación.

Ha radicado iniciativas para reconocer el exterminio de la UP como crimen de Estado y crear sitios de memoria.

Su voto reiterado contra ciertos ascensos de oficiales de la Fuerza Pública figura en las actas de la Comisión Segunda.

Votó la ley 2272 de 2022 que amplió las facultades del Ejecutivo para negociar con grupos armados ilegales.

Su línea de votación y declaraciones públicas son coherentes con la propuesta presidencial de convocar una constituyente.

La Comisión de Paz lo ha elegido como presidente en varias legislaturas, consolidando su control sobre la agenda de paz.

Se opuso a las reformas constitucionales y legales que ampliaban la competencia de la justicia penal militar.

Apoyó la ley 2273 de 2022 que ratificó el acuerdo regional sobre democracia ambiental para América Latina y el Caribe.

Votó normas que entregan a la JEP la competencia para evaluar conductas posteriores al Acuerdo en casos de extradición.

Salvó al gabinete del gobierno frente al control político por la falta de resultados en seguridad.

Aprobó cada ley anual de presupuesto y de adiciones presupuestales sin presentar reparos materiales al gasto.

Apoyó la ley 2294 de 2023, columna programática del cuatrienio Petro y eje de su rediseño del Estado.

Su línea es coherente con la prohibición sostenida por la Corte Constitucional y el discurso ambiental del gobierno Petro.

Acompañó la iniciativa que proponía listas cerradas y voto preferente parcial, archivada por falta de quórum.

Apoyó la iniciativa que buscaba beneficios judiciales para que estructuras como el Clan del Golfo se sometieran a la justicia.

Apoyó cada norma de procedimiento, plazos y recursos asignados al funcionamiento del tribunal transicional.

Su línea de voto favorece la financiación pública preponderante de campañas y partidos, eje de la reforma política del Pacto.

Su línea de votación apoya reformas que descongestionan cárceles y amplían beneficios penitenciarios.

Ha votado a favor de leyes que incorporan protocolos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales.

Se opuso al acto legislativo de Santos que terminó archivado tras escándalo por micos que ampliaban impunidad de congresistas.

Apoyó el conjunto de normas que blindaron la institucionalidad transicional contra reformas regresivas posteriores.

Votó en contra de la moción contra la ministra Francia Márquez por gestión del nuevo ministerio.

Su voto acompañó ajustes que afectaron la velocidad procesal de la extinción de dominio sobre bienes incautados.

Apoyó el acto legislativo que dotó al Congreso de 16 curules adicionales para territorios afectados por el conflicto.

El componente extractivo de la reforma 2022 que la Corte Constitucional tumbó pasó con su voto afirmativo en plenaria.

Su voto ha acompañado ratificaciones de convenios que amplían el alcance de la jurisdicción internacional sobre Colombia.

Firmó iniciativas que fortalecen la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas creada con el Acuerdo.

Su voto ha acompañado las reformas que avanzan hacia listas paritarias entre hombres y mujeres.

Se opuso a la ley 1943 de 2018 que la Corte Constitucional terminó declarando inexequible por vicios de trámite.

Cada proposición presentada en la última década para revisar el funcionamiento de la JEP ha encontrado su voto en contra.

Acompañó como ponente la segunda versión de la reforma luego del archivo de la primera en 2024.

Ha sido coautor de iniciativas para fortalecer reparación a víctimas y debate público sobre el fenómeno.

Apoyó la ley 2078 de 2021 que extendió por una década más la vigencia del sistema integral de reparación.

El entonces senador respaldó en plenaria el acto legislativo de 2017 que dio rango constitucional a la JEP.

Tras la derrota del plebiscito, Cepeda votó por refrendar el acuerdo en el Congreso en lugar de volver a las urnas.

Apoyó la reforma que reservó dieciséis curules en la Cámara para víctimas en regiones afectadas por el conflicto.

El senador acompañó como coautor el proyecto de creación de la jurisdicción agraria radicado por el Ministerio de Justicia.

Respaldó la Ley 2277 de 2022 con la que el gobierno Petro recaudó alrededor de veinte billones de pesos adicionales.

El senador intervino en plenaria para defender el cargo adicional a hidrocarburos en la reforma de 2022.

Respaldó la Ley 2381 de 2024 que reorganizó el sistema pensional bajo un esquema de pilares con dominio de Colpensiones.

Acompañó el trámite de la reforma a la salud impulsada por el gobierno Petro, hundida en la Comisión Séptima del Senado.

Votó a favor de la reforma laboral del gobierno Petro durante su trámite legislativo en el Senado.

Apoyó la extensión de diez años de la Ley 1448 que ampara a víctimas del conflicto armado.

Apoyó las normas que extendieron el trabajo de la Comisión de la Verdad y dieron permanencia al Comité de Seguimiento.

Respaldó las normas estatutarias que dieron piso a la designación de magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Se opuso a las seis objeciones presentadas por el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la JEP en 2019.

Su patrón de votación en presupuestos generales y adiciones del gobierno Petro fue de respaldo, pese al deterioro fiscal.

Acompañó iniciativas para abrir el debate de una asamblea constituyente promovida por el presidente Petro.

Respaldó la Ley 2272 de 2022 que permitió diálogos del gobierno Petro con grupos armados ilegales bajo el marco de paz total.

Radicó y acompañó iniciativas para reforzar el régimen legal de memoria histórica y reparación simbólica de víctimas.

Respaldó la creación del impuesto a bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados en la reforma tributaria de 2022.

Acompañó la línea de gobierno de mantener el fast track pese a la modulación de la Corte Constitucional en 2017.

Apoyó la reforma constitucional que reservó cinco curules de Senado y cinco de Cámara para el partido surgido de las Farc.

Respaldó la Ley 1909 de 2018 que regula derechos de los partidos declarados en oposición.

Se opuso a iniciativas que ampliaban el alcance del fuero penal militar y la competencia de la justicia castrense.

Citó al Ejecutivo y al alto mando militar por casos de ejecuciones extrajudiciales en varios años de su periodo legislativo.

Respaldó la ley 2281 de 2023 que creó el Ministerio de Igualdad y Equidad bajo el liderazgo de Francia Márquez.

Apoyó la reforma al Código Electoral que la Corte Constitucional declaró inconstitucional por vicios de trámite.

Apoyó normas que establecieron procedimientos especiales para investigar a magistrados de la JEP, reduciendo la competencia ordinaria.

Se opuso a la reforma tributaria del ministro Carrasquilla que detonó el paro nacional de abril de 2021.

Se opuso reiteradamente a iniciativas que buscaban restablecer la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca.

Respaldó ajustes legales a la extinción de dominio y a la administración de bienes incautados.

Respaldó la reforma al Código Electoral que estableció cuotas de paridad en listas a corporaciones públicas.

Apoyó las partidas presupuestales para PDET, sustitución y restitución en presupuestos de los gobiernos Duque y Petro.

Acompañó la radicación de la ley que reconoció como hecho de Estado el exterminio de la Unión Patriótica.

Votó contra propuestas del gobierno Duque que aumentaban pie de fuerza y crecían cuerpos especializados antiterrorismo.

Apoyó la ampliación de tarifas marginales para personas naturales de altos ingresos en la reforma tributaria de 2022.

Respaldó propuestas que incrementaron el peso de la financiación pública sobre la privada en campañas y partidos.

Apoyó normas estatutarias que limitaron parcialmente el alcance de la defensa técnica oficiada por el Estado a militares en la JEP.

Apoyó normas relativas al funcionamiento y archivo del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Respaldó la ratificación del Acuerdo de Escazú sobre acceso a información ambiental y protección a líderes ambientales.

Defendió en votación la continuidad de la implementación del acuerdo de paz cuando se discutieron ajustes en el gobierno Duque.

Apoyó normas que permiten a excombatientes con sanción JEP ejercer derechos políticos plenos.

Respaldó proyectos que despenalizaron parcialmente conductas relacionadas con bloqueos y protesta social.

Respaldó proyectos del gobierno Petro para reformar la administración de justicia y la acción de tutela.

Se opuso a acuerdos de cooperación militar que percibió como instalación de capacidades extranjeras en territorio colombiano.

Apoyó el Presupuesto General de 2025 a pesar de su componente de financiamiento por deuda y de las advertencias del Comité Autónomo de Regla Fiscal.

Su patrón de votación desde 2022 coincide casi en su totalidad con la línea oficial del Pacto Histórico en el Senado.

El senador respaldó en plenaria la Ley 2277 de 2022, primera reforma tributaria del gobierno Petro, que elevó la carga sobre personas naturales de altos ingresos y sectores extractivos.

El senador firmó como ponente coadyuvante el texto que dio vida a la Ley 2381 de 2024, hoy en revisión constitucional.

El senador respaldó la versión del Ejecutivo de la reforma laboral, que aumenta recargos nocturnos y dominicales y endurece la contratación por horas.

El senador respaldó la primera versión del proyecto que reorganiza el flujo de recursos del aseguramiento y reduce el papel de las EPS.

Tras el hundimiento de la primera versión, el senador firmó como respaldo bancada el segundo proyecto del gobierno Petro sobre salud.

El senador respaldó la prórroga y modificación de la Ley 418 de 1997 que dio marco jurídico a la política de paz total de Petro.

Tras la derrota del plebiscito, el senador respaldó la ruta de refrendación congresional del acuerdo firmado en el Teatro Colón.

El senador respaldó en 2017 el Acto Legislativo 01 que dio rango constitucional a la JEP y al Sistema Integral de Verdad.

El senador respaldó la ley estatutaria que reglamentó el funcionamiento de la JEP, finalmente sancionada como Ley 1957 de 2019.

En abril de 2019 el senador votó por rechazar las seis objeciones presidenciales del entonces presidente Iván Duque al articulado de la JEP.

El senador ha radicado y respaldado iniciativas para consolidar el Centro de Memoria, museos y archivos del conflicto armado.

El senador firmó iniciativas para crear una jurisdicción agraria especializada y avanzar en la implementación del punto 1 del Acuerdo Final.

El senador respaldó la creación de las circunscripciones especiales transitorias para víctimas, hoy representadas en la Cámara.

El senador respaldó el presupuesto 2024 del gobierno Petro, año en que el déficit fiscal superó el 6 por ciento del PIB.

El senador respaldó el presupuesto 2025, ejercicio en el cual el gasto en defensa creció por debajo del promedio histórico frente a otros rubros.

El senador respaldó las diez curules transitorias del Acuerdo Final que ocupó el partido surgido del proceso de paz con las Farc.

Como representante a la Cámara, el congresista citó al ministro de Defensa y al alto mando militar por ejecuciones extrajudiciales.

El senador respaldó el Código Electoral que la Corte Constitucional tumbó por vicios de trámite en la sentencia C-133 de 2022.

El senador apoyó la propuesta del gobierno Petro de pasar a financiación pública preponderante y a listas cerradas obligatorias.

El senador acompañó iniciativas legislativas para fortalecer pagos por servicios ambientales y endurecer sanciones a la deforestación.

El senador ha apoyado en plenaria mociones e iniciativas en contra de reanudar la fumigación aérea de cultivos ilícitos con glifosato.

El senador firmó ponencia favorable al proyecto que crea un régimen jurídico para someter bandas criminales en el marco de la paz total.

El senador acompañó la creación de la Región Metropolitana Bogotá-Cundinamarca y otros instrumentos de ordenamiento.

El senador respaldó la Ley 2078 de 2021 que extendió por diez años la vigencia de la Ley 1448 de Víctimas y Restitución de Tierras.

El senador ha defendido la legitimidad de la Comisión de Acusación de la Cámara, criticada por archivar denuncias contra el presidente Petro.

El senador ha sido coautor de iniciativas legislativas para prohibir la fracturación hidráulica de yacimientos no convencionales.

El senador apoyó proyectos para reducir tarifas eléctricas en la Costa Caribe en medio de la crisis tarifaria de 2022-2023.

El senador votó a favor de la Ley 1930 de 2018, que delimita los páramos como ecosistemas estratégicos y restringe actividad minera.

El senador votó a favor de la Ley 2273 de 2022 que aprobó el Acuerdo de Escazú sobre acceso a información y justicia ambiental.

El senador ha llevado a plenaria denuncias y testimonios sobre vínculos del expresidente Álvaro Uribe con grupos paramilitares.

El senador respaldó la ley que concedió amnistía e indulto a integrantes de las Farc por delitos políticos y conexos en 2016.

El senador apoyó públicamente al Comité de Escogencia que seleccionó a los magistrados originales de la JEP.

El senador ha respaldado iniciativas que restringen el porte y tenencia civil de armas y fortalecen el monopolio estatal.

El senador se opuso en 2020 al acto legislativo que estableció cadena perpetua revisable contra violadores y asesinos de menores.

El senador respaldó la reducción gradual de la jornada laboral semanal de 48 a 42 horas en Colombia.

El senador ha respaldado proyectos legislativos para fortalecer instrumentos territoriales y de protección de comunidades afros.

El senador defendió en intervenciones de plenaria la centralidad de Colpensiones como pilar contributivo del nuevo sistema.

El senador apoyó el proyecto que buscaba modificar el artículo 49 de la Constitución para permitir el uso adulto regulado de cannabis.

El senador respaldó el procedimiento legislativo especial que permitió aprobar leyes y actos legislativos del acuerdo en debates abreviados.

El senador ha firmado iniciativas para acelerar el acceso a tierras de campesinos sin tierra en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo.

El senador respaldó en el Congreso los decretos de conmoción interior expedidos por el gobierno Petro para el Catatumbo y otras zonas.

El senador apoyó la Ley de Financiamiento ajustada bajo el gobierno Petro previo a la primera reforma tributaria estructural.

El senador respaldó la Ley 2294 de 2023, Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida.

El senador ha votado a favor de leyes que tipifican el feminicidio, protegen víctimas de violencia de género y endurecen sanciones.

El senador ha reiterado en plenaria y en redes que su trayectoria parlamentaria es la de un defensor sistemático del Acuerdo de Paz.

El senador respaldó en plenaria el acto legislativo que dio rango constitucional a la Jurisdicción Especial para la Paz.

Tras la derrota del plebiscito, Cepeda respaldó en el Senado la refrendación del acuerdo renegociado con las FARC.

Cepeda respaldó el mecanismo que permitió tramitar las leyes de implementación del acuerdo en debates reducidos.

El senador respaldó el texto estatutario de la JEP que Iván Duque había objetado parcialmente.

El senador se opuso a la ley de solidaridad sostenible que detonó el estallido social de abril de 2021.

El senador respaldó la Ley 2277 de 2022 que aumentó impuestos a personas naturales de altos ingresos y al sector minero-energético.

El senador defendió en plenaria los puntos centrales de la reforma que centralizaba el manejo de recursos en la ADRES.

El senador respaldó la Ley 2381 de 2024 que creó el sistema de cuatro pilares y redujo el rol de los fondos privados.

El senador votó afirmativamente la ponencia de la reforma laboral aprobada en junio de 2025.

Como representante por Bogotá entre 2010 y 2014, Cepeda respaldó la Ley 1448 de 2011 impulsada por el gobierno Santos.

Desde 2011 Cepeda promovió proyectos para crear una comisión de la verdad sobre crímenes de Estado, antes de que el Acuerdo Final la institucionalizara.

El senador firmó como coautor el Acto Legislativo 03 de 2023 que creó la jurisdicción agraria y rural en Colombia.

El senador respaldó la ley que ampliaba el orden público para permitir negociaciones con todas las estructuras armadas ilegales.

El senador rechazó el Acto Legislativo 01 de 2012 por considerar que abría puertas a la impunidad.

El senador se opuso al Acto Legislativo 01 de 2015 que reformó la justicia penal militar.

El senador convocó al ministro de Defensa y a la cúpula militar para discutir la cifra de 6.402 ejecuciones extrajudiciales reportada por la JEP.

El senador se opuso a la Ley 1776 de 2016 por considerar que favorecía la concentración de tierras.

El senador respaldó al Ejecutivo en al menos seis mociones de censura archivadas durante la legislatura.

El senador respaldó iniciativas que reforzaban el cumplimiento interno de fallos del sistema interamericano.

El senador respaldó la Ley 2273 de 2022 que ratificó el acuerdo regional sobre acceso a información ambiental.

El senador se opuso a la ley que endureció penas y reguló legítima defensa, sancionada en enero de 2022.

El senador respaldó la prórroga de la Ley 418 de 1997 hasta 2026 con ajustes al régimen de diálogos.

El senador respaldó los presupuestos del gobierno Petro con expansión histórica del gasto corriente.

El senador respaldó la Ley 2294 de 2023 que articuló las metas del cuatrienio bajo la marca Colombia Potencia Mundial de la Vida.

El senador defendió el acto legislativo que creó las CTEP para representación de víctimas en zonas de conflicto.

El senador encabezó el bloque opositor que hundió las objeciones presidenciales a la ley estatutaria.

El senador coautoró iniciativas para diferenciar la hoja de coca de la cocaína y permitir usos no narcóticos.

El senador apoyó las prórrogas legislativas de los ceses al fuego pactados con el ELN entre 2023 y 2025.

El senador citó al Fiscal General en varias ocasiones para discutir el manejo del proceso Uribe que él había iniciado.

El senador firmó iniciativas para mantener canales abiertos con la CPI durante el examen preliminar sobre Colombia.

El senador rechazó iniciativas para que jueces militares conocieran conductas remitidas a la JEP.

El senador votó a favor del proyecto de Código Electoral que la Corte Constitucional luego declaró inexequible.

El senador firmó proyectos y debates sobre regulación interna del derecho de asilo en Colombia.

El senador respaldó el nuevo código de extinción de dominio sancionado en enero de 2014.

El senador citó al ministro de Defensa en varias oportunidades para frenar el regreso del glifosato.

El senador respaldó el régimen de amnistía aplicable a miembros de las FARC tras el Acuerdo Final.

El senador apoyó ajustes a las amnistías y tratamientos penales especiales para excombatientes.

El senador firmó la iniciativa para prohibir la fracturación hidráulica que no superó el trámite en 2023.

El senador defendió en plenaria la viabilidad institucional de una asamblea constituyente al estilo de la propuesta presidencial.

El senador respaldó el trámite de la Ley 2272 de 2022 que aprobó el TPAN para Colombia.

El senador ha buscado redirigir partidas del sector defensa hacia inversión social en distintas legislaturas.

El senador respaldó la Ley 1761 de 2015 que tipificó el feminicidio como delito autónomo en Colombia.

El senador suscribió el acuerdo que disciplinó la votación de la bancada del Pacto en el Senado.

El senador firmó iniciativas sobre protección a periodistas y acceso a información pública.

El registro consolidado del senador en Congreso Visible permite trazar el patrón de su trayectoria sin glosa periodística.

El senador del Pacto Histórico calificó como presos políticos a quienes fueron detenidos durante el paro nacional de 2021.

Iván Cepeda sostuvo en medios y plenaria que Seuxis Hernández era víctima de un montaje de la Fiscalía y la DEA.

El senador acompañó y celebró en redes y declaraciones la salida de Santrich de la cárcel La Picota en mayo de 2019.

En entrevistas y plenaria, el senador ha evitado la palabra dictadura para describir al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.

Tras las elecciones venezolanas de julio de 2024, el senador se alineó con la posición del Gobierno colombiano de no reconocer a un ganador.

En entrevistas y columnas, el senador atribuye la situación económica de Cuba al embargo estadounidense, no al sistema cubano.

El senador respaldó la idea presidencial de convocar una constituyente para superar bloqueos institucionales.

El senador sostuvo en debates parlamentarios que el exterminio de la Unión Patriótica debe calificarse como genocidio político.

El representante Cepeda llevó al Congreso un debate sobre presuntos vínculos del entonces senador Álvaro Uribe con grupos paramilitares.

El senador ha presentado al ELN como interlocutor político legítimo en el marco de la política de paz total.

En múltiples intervenciones, el senador ha usado la categoría extrema derecha para describir a la oposición uribista.

El senador defendió la trayectoria política de Piedad Córdoba pese a las investigaciones por presuntos vínculos con las FARC.

El senador ha preferido categorías políticas a la calificación de terroristas para describir a las disidencias de las FARC.

El senador respaldó la decisión presidencial de suspender bombardeos contra campamentos en el marco de la paz total.

El senador ha relativizado los reportes de aumento de hectáreas de coca emitidos por agencias internacionales.

El senador del Pacto Histórico intervino para defender la reforma laboral del Gobierno frente a la oposición empresarial.

El senador respaldó en plenaria y entrevistas el modelo de pilares y el umbral de cotización de la reforma pensional.

El senador defendió la versión original del proyecto de reforma a la salud propuesto por el Ministerio de Salud.

El senador presentó la rebaja de calificación de junio de 2024 como un sesgo de las firmas calificadoras.

El senador respaldó en X paros y movilizaciones contra gobiernos anteriores con un tono distinto al usado frente al actual.

El senador denunció en plenaria y ante organismos internacionales presuntos abusos de la fuerza pública durante el paro.

El senador ha sostenido que existe una conspiración de élites e instituciones contra el Gobierno Petro.

El senador respaldó en plenaria el decreto de conmoción interior expedido por el Gobierno tras la crisis del Catatumbo.

El senador ha planteado en entrevistas que existe un plan en curso para atentar contra la vida del presidente.

El senador defendió la permanencia de Cuba como país garante en las negociaciones con el ELN.

El senador rechazó la decisión de primera instancia que absolvió a Álvaro Uribe en el proceso por soborno.

El senador ha defendido sistemáticamente a magistrados de la JEP frente a cuestionamientos de la oposición.

El senador respaldó la decisión del Gobierno de suspender órdenes de captura contra integrantes de disidencias en mesa.

El senador ha calificado a Semana y a otros medios como instrumentos de la oposición política.

El senador relativizó en entrevista los reportes de violaciones a derechos humanos en Venezuela documentados por la ONU.

El senador celebró el restablecimiento de relaciones diplomáticas con el Gobierno de Maduro decidido por Petro.

El senador defendió la creación de la jurisdicción agraria como mecanismo para acelerar la redistribución de tierras.

El senador respaldó los cambios masivos en la cúpula militar y policial dispuestos en agosto de 2022.

El senador ha defendido la alianza congresional con el partido Comunes, formado por exintegrantes de las FARC.

El senador ha expresado en su cuenta de X simpatía pública por figuras históricas del sandinismo y la Revolución Cubana.

El senador respaldó el proyecto de reforma al código electoral impulsado por el Gobierno Petro y la registraduría.

El senador defendió la negativa de Cuba a extraditar a jefes del ELN refugiados en La Habana tras la ruptura.

El senador ha repetido la cifra de la JEP de más de seis mil falsos positivos sin matizar las objeciones técnicas.

El senador respaldó las decisiones judiciales y políticas que han impedido reanudar la aspersión aérea con glifosato.

El senador respaldó la convocatoria presidencial a asambleas populares como mecanismo paralelo al Congreso.

El senador atacó a la Procuraduría y a la Contraloría tras decisiones adversas al Gobierno Petro.

El senador ha defendido amnistías y beneficios penales amplios para grupos incluidos en la paz total.

El senador respaldó nombramientos diplomáticos del Gobierno Petro en regímenes con cuestionamientos democráticos.

El senador ha acusado a la Fiscalía General de la Nación de actuar con sesgo político contra el Gobierno Petro.

El senador ha defendido en foros internacionales la narrativa del Estado colombiano como criminal y genocida.