Cepeda votó a favor de la prórroga de la Ley de Víctimas hasta 2031

Este es un voto poco controversial pero financieramente pesado. La prórroga implica recursos del presupuesto nacional sostenidos por una década adicional. Cepeda apoyó esa extensión y al mismo tiempo apoyó reformas tributarias para financiar gasto social. La coherencia interna es clara; la pregunta para el votante es si la caja fiscal del país realmente sostiene esa promesa.

La prórroga, en abstracto, es defendible: la reparación a víctimas no se cierra por decreto y los procesos de restitución de tierras siguen abiertos. Pero el voto se da en un contexto de déficit creciente y de un sistema de protección a víctimas con cuellos de botella documentados por la Contraloría y la propia Unidad de Víctimas. Apoyar la extensión sin exigir simultáneamente metas de ejecución, indicadores de cumplimiento o reformas administrativas es comprometer recursos sin garantizar que lleguen. La generosidad presupuestal sin gerencia es una de las formas más caras de fallar a las víctimas.