Continuidad del gobierno Petro

El monitoreo de UNODC reportó la mayor cifra histórica de hectáreas cultivadas en Colombia.

El caso destapó presuntas coimas a congresistas a cambio de votos para las reformas del Ejecutivo.

Desplazamientos masivos y víctimas civiles expusieron el fracaso de la paz total en la región fronteriza.

El escándalo por contratos de carrotanques en La Guajira terminó con la captura del exdirector Olmedo López y declaraciones contra altos funcionarios.

El hijo del presidente fue imputado en agosto de 2023 tras revelar presuntos aportes irregulares a la campaña presidencial.

El senador planteó su aspiración presidencial como prolongación explícita del gobierno Petro en entrevistas y discursos.

La agencia ajustó la nota crediticia del país por deterioro fiscal y debilitamiento de la perspectiva de crecimiento bajo el gobierno Petro.

La agencia retiró el grado de inversión en su escala y mantuvo una perspectiva negativa por el desbalance fiscal.

La calificadora conservó la nota pero advirtió riesgo de baja por la trayectoria de la deuda pública y el déficit.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió desviaciones en la senda de gasto y de balance estructural.

Las cifras del Ministerio de Hacienda muestran un aumento sostenido de la deuda bruta del Gobierno Nacional Central.

Hacienda tuvo que recortar gasto a mitad de año tras un faltante de recaudo de varios billones de pesos.

Las cifras del Banco de la República muestran retrocesos en hidrocarburos y minería frente a los promedios previos.

El registro de la organización muestra que la promesa de la paz total no se tradujo en protección efectiva de líderes.

El conteo de la organización confirma que el indicador no se redujo durante la administración que prometió la paz total.

El delito repuntó después de años de descenso, en un contexto de ceses al fuego con grupos armados.

El gobierno suspendió la mesa con la guerrilla tras hostigamientos y atentados contra la fuerza pública.

Informes de PARES e Indepaz documentaron expansión del Estado Mayor Central y de la Segunda Marquetalia.

El ataque de las disidencias en zona urbana del municipio evidenció el avance territorial del Estado Mayor Central.

Bloqueos y desabastecimiento mostraron la capacidad de organizaciones armadas para imponer agenda territorial.

La intervención de EPS y los retrasos en pagos golpearon la prestación del servicio durante el cuatrienio.

La Corte examinó vicios de trámite en la Cámara y el sector financiero advirtió impactos sobre el ahorro privado.

La política de no firmar nuevos contratos de exploración afectó el horizonte de producción de la estatal.

Informes de control fiscal documentaron rezago en compromisos y pagos en varias vigencias del cuatrienio.

Más de cincuenta cambios en gabinete dificultaron la continuidad técnica de varias carteras clave.

La salida del titular de Hacienda golpeó la credibilidad fiscal del gobierno en pleno debate de la reforma tributaria.

Magistrados ponentes plantearon presuntas irregularidades en ingresos y gastos de la campaña que llevó a la coalición al poder.

El ingreso del cafetero subió por dinámica de mercado y no por programas específicos del Ministerio de Agricultura.

Las cifras del DANE mostraron que la mejora del agregado convivió con tasas elevadas de informalidad y de desempleo joven.

La desaceleración macro del primer año completo del gobierno Petro contrastó con el ritmo regional.

Los precios al consumidor de alimentos crecieron por encima del IPC total en gran parte del cuatrienio.

El Consejo Nacional de Operación y XM lideraron las medidas que conjuraron el riesgo durante el fenómeno de El Niño.

El racionamiento de agua en la capital expuso la fragilidad de la coordinación entre nivel nacional y distrital.

Los informes de la Fundación para la Libertad de Prensa documentaron señalamientos del Ejecutivo a medios y periodistas.

Pronunciamientos presidenciales sobre Gaza, Venezuela y migración generaron fricción con Washington en momentos clave.

La reapertura diplomática se hizo sin exigir garantías electorales mínimas a Caracas.

Los ajustes presupuestales afectaron capacidad operacional en momentos de expansión de grupos armados.

Los datos de Medicina Legal y Policía mostraron un indicador que no rompió a la baja durante la paz total.

El uso del aplazamiento como herramienta política generó reparos del propio aparato judicial colombiano.

El monitoreo independiente documentó retrasos en reforma rural integral, sustitución y reincorporación.

Los usuarios de Air-e y Afinia enfrentaron tarifas más altas durante un periodo de gestión nacional cuestionada.

Los programas anunciados de alivio a estudiantes tropezaron con limitaciones presupuestales y operativas.

Las cifras del DANE mostraron desaceleración en el principal indicador social tras la recuperación post-pandemia.

El Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2024 reconoció que la deuda bruta del GNC rebasó el 60% del PIB, su nivel más alto en décadas.

La calificadora ajustó la perspectiva del país hacia un escenario más débil durante el periodo cuya continuidad propone Cepeda.

La agencia estadounidense rebajó la nota de Colombia un escalón y la mantuvo fuera del grado de inversión durante el gobierno Petro.

La calificadora dejó al país un escalón debajo del grado de inversión y advirtió sobre los riesgos de ejecución fiscal.

La Nación cerró el año con un déficit superior al previsto en el Plan Financiero, obligando a recortar gasto vía decreto de aplazamiento.

El primer año fiscal completo de la administración cerró con porcentajes de ejecución de inversión por debajo del promedio histórico.

El monitoreo de UNODC reportó la cifra más alta de cultivos de hoja de coca en Colombia desde el inicio de la serie histórica.

El registro independiente más citado del país sostiene que el ritmo de asesinatos de liderazgos no se redujo durante la administración del Pacto Histórico.

El conteo independiente de masacres no cedió en el cuatrienio cuya continuidad propone Cepeda.

Las estadísticas oficiales reportan un repunte del secuestro extorsivo bajo el gobierno Petro frente al periodo anterior.

Pese a múltiples ceses bilaterales, el monitoreo independiente reportó violaciones recurrentes y expansión territorial de los grupos armados.

Defensoría y OCHA reportaron miles de personas desplazadas cada año por confinamiento y combates en territorios bajo cese al fuego.

La Ley 2277 quedó por debajo de las metas de recaudo proyectadas por el Ministerio de Hacienda durante su trámite.

La variación anual del IPC superó el 13% en marzo de 2023, su nivel más alto en casi un cuarto de siglo.

El PIB del país cerró 2023 con una expansión cercana al 0,6%, por debajo del promedio de América Latina.

El flujo neto de IED se redujo en 2023 respecto al máximo histórico de 2022, especialmente en hidrocarburos.

La principal empresa del Estado reportó retroceso de utilidades y de reservas durante la administración Petro.

Las dos aseguradoras más grandes del país pasaron a control de agente especial bajo el gobierno cuya continuidad propone Cepeda.

Asociaciones médicas y de pacientes reportaron aumento de quejas, retrasos en medicamentos y deterioro de oportunidad de atención.

La Fundación para la Libertad de Prensa documentó cifras altas de agresiones, muchas con origen en autoridades.

El presidente exhibió portadas críticas en alocuciones televisadas mientras Cepeda guardaba silencio público sobre el episodio.

La decisión de no firmar nuevos contratos de exploración se mantuvo a lo largo del cuatrienio, con aval explícito de Cepeda.

La CREG y XM emitieron alertas de embalses bajos y el gobierno consideró restricciones de consumo.

El DANE reportó tasas de informalidad cercanas o superiores al 55% en los principales agregados de medición.

La Policía Nacional y el Ministerio de Defensa reportaron aumento de muertes en servicio respecto al cuatrienio anterior.

La subejecución y los recortes obligaron a recortar misiones operativas según gremios y oficiales retirados.

El Consejo Nacional Electoral formuló cargos por presunta violación de topes a la campaña que llevó a Petro al poder.

El gobierno tuvo decenas de cambios de ministros y altos funcionarios en menos de cuatro años, según los registros de Presidencia.

La cartera que firma con las calificadoras y mercados cambió de manos varias veces durante la administración Petro.

Los informes anuales del Instituto Kroc registran avance modesto y retrasos en reforma rural y reincorporación.

ANIF, Fedesarrollo y Asofondos advirtieron sobre presión fiscal de mediano plazo derivada del nuevo régimen.

Varios decretos del Ejecutivo fueron declarados inexequibles, incluidos los de emergencia en La Guajira y en regalías.

Los indicadores de mortalidad infantil y acceso a agua en La Guajira siguen críticos pese a la intervención del Ejecutivo.

La caída del precio del crudo y la menor producción golpearon el giro de regalías a departamentos y municipios.

La Contraloría documentó denuncias persistentes en la operación del PAE durante el gobierno Petro.

El presidente propuso impulsar una asamblea constituyente en 2024 y la bancada de gobierno incluida Cepeda lo respaldó.

El DANE reportó descensos modestos de la pobreza monetaria y poca mejora en pobreza extrema durante el cuatrienio.