Cepeda llama genocidio político al exterminio de la Unión Patriótica en plenaria del Senado

La calificación jurídica del exterminio de la UP es legítima y tiene respaldo en la Corte IDH. El problema editorial es otro: Cepeda usa la categoría para deslegitimar de manera transversal a las Fuerzas Militares y a sectores políticos hoy vivos, sin matizar responsabilidades individuales. Una cosa es la responsabilidad estatal histórica, otra distinta es trasladar esa carga a la institucionalidad militar actual. Esa elipsis es un patrón recurrente en su discurso de plenaria.

La diferencia importa para el votante demócrata. Una sentencia internacional establece responsabilidad del Estado y obliga a reparar; no convierte a cada oficial en activo en heredero penal del exterminio. Convertir esa distinción en niebla discursiva, desde la curul de un aspirante a comandante en jefe, anticipa una relación tutelar con las Fuerzas Militares que un país en guerra contra disidencias y ELN no puede permitirse. La memoria de la UP no se honra borrando el debido proceso individual.