El eje del bloque es la denuncia que Iván Cepeda radicó en septiembre de 2012 ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. La acusación señalaba presuntos vínculos con bloques paramilitares de Antioquia y se apoyaba en testimonios recogidos por el propio senador en visitas a cárceles colombianas y estadounidenses, donde entrevistó a exjefes postulados a Justicia y Paz. La Corte abrió expediente, archivó la denuncia inicial y, en 2018, ordenó investigar al denunciante por presunta manipulación de testigos. El proceso pasó luego a la justicia ordinaria y sigue activo en Fiscalía y tribunales.
La denuncia original incluyó referencias a las masacres de El Aro (1997) y La Granja (1996), ocurridas mientras Uribe ejercía como gobernador de Antioquia, y giró también en torno a la Hacienda Guacharacas. En el debate de control político de septiembre de 2014, Cepeda formuló esos cargos en plenaria del Senado. La Corte abrió indagación por las masacres pero no encontró méritos para imputar al exgobernador. Postulados a Justicia y Paz como Salvatore Mancuso mencionaron a Cepeda en distintos momentos de sus procesos; el senador calificó esas referencias como represalia coordinada.
La estrategia jurídica trascendió el caso penal. Como vocero del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Cepeda impulsó durante la década de 2010 acciones contra dirigentes políticos por presuntos nexos con paramilitares, presentó el expediente Uribe en audiencias temáticas de la CIDH y pidió a la Jurisdicción Especial para la Paz que asumiera el componente paramilitar del caso. La JEP declinó o limitó el alcance de esas solicitudes. En paralelo, Cepeda publicó libros y ensayos sobre paramilitarismo y memoria histórica que circulan en editoriales colombianas y latinoamericanas.
El corpus deja también una asimetría documentada. El trabajo de Cepeda se concentró en víctimas atribuidas al Estado y al paramilitarismo; los reclamos de víctimas de las FARC y del ELN tuvieron en él un interlocutor menos activo en los debates de reparación. En 2024, cuando el gobierno Petro acogió a Mancuso como gestor de paz tras su deportación de Estados Unidos, el senador respaldó el sometimiento y defendió la utilidad de su testimonio. Uribe niega los vínculos atribuidos y los considera difamación; no existe condena en su contra por esos cargos.