La trayectoria del senador Iván Cepeda en materia de extradición no es ambigua ni circunstancial. Desde la captura de Seuxis Hernández, alias Jesús Santrich, el 9 de abril de 2018, hasta los debates más recientes sobre la paz total, el corpus muestra una línea coherente: la extradición a Estados Unidos debe quedar subordinada al filtro de la JEP cuando el solicitado es firmante del acuerdo, y debe poder suspenderse cuando sirve de incentivo para sometimientos colectivos. Esa tesis aparece en plenaria, en columnas, en redes y en votos.
El caso Santrich concentra el mayor número de razones del expediente. El 10 de abril de 2018, un día después de la captura solicitada por una corte federal de Nueva York por conspiración para enviar diez toneladas de cocaína, Cepeda compareció en rueda de prensa con dirigentes del partido FARC para sostener la tesis del montaje judicial de la DEA. Mantuvo esa lectura cuando el fiscal Néstor Humberto Martínez calificó las pruebas de contundentes y la sostuvo el 15 de mayo de 2019, cuando la JEP aplicó la garantía de no extradición. Meses después Santrich se sumó a una disidencia armada.
La posición no se agota en un caso. Cepeda votó las normas que entregan a la JEP la competencia para certificar si los hechos por los que se pide una extradición ocurrieron antes o después del acuerdo, mecanismo anclado en el acto legislativo 01 de 2017. Ha defendido extender el filtro incluso a firmantes reincidentes en narcotráfico, propuso suspender extradiciones como incentivo en la paz total con el Clan del Golfo, y respaldó la negativa de Cuba a entregar a los jefes del ELN tras la ruptura de los diálogos en 2019. En paralelo, viajó a prisiones federales a entrevistar exjefes paramilitares extraditados.
El marco discursivo que cruza estas razones es la soberanía frente a Estados Unidos y la primacía de la verdad sobre la cooperación antinarcóticos. Cepeda sostiene que la extradición de jefes paramilitares y exguerrilleros obstaculiza el acceso de las víctimas a la verdad sobre crímenes cometidos en territorio colombiano. La consecuencia práctica de esa doctrina, según el expediente, ha sido un patrón de bloqueos y aplazamientos que la Corte Suprema y la Fiscalía han objetado, y que en el episodio Santrich derivó en la renuncia del fiscal general en 2019.